Por Winston Hernández
La Vega, La promulgación del nuevo Código Procesal Penal ha sido celebrada como un avance significativo para la modernización del sistema judicial dominicano. La Unión Nacional de los Trabajadores de la Comunicación Social (UNTC) felicitó tanto al Congreso Nacional como al presidente Luis Abinader por la aprobación y promulgación de la normativa, que entrará en vigor en agosto de 2026, tras cumplirse el período de un año de “vacatio legis”.
Sin embargo, la organización advirtió sobre un punto que, lejos de fortalecer la democracia, podría representar un golpe directo a la libertad de prensa. Juan Francisco Morel Molina, dirigente nacional de la UNTC, alertó que el artículo 310 del nuevo código introduce la figura del “ultraje”, estableciendo sanciones de prisión de quince días a un año, y multas de hasta tres veces el salario de la supuesta víctima, contra quienes pronuncien palabras, realicen gestos o envíen escritos o imágenes que sean considerados contrarios a la dignidad de un funcionario o servidor público.
El texto del artículo precisa que el ultraje puede producirse incluso “de modo no público”, lo que implica que expresiones privadas también podrían ser penalizadas.
Para la UNTC, esta disposición abre la puerta a la persecución judicial contra periodistas y comunicadores que denuncien actos de corrupción, abusos de poder, vínculos con el narcotráfico, desvío de fondos o cualquier otro hecho delictivo protagonizado por servidores públicos. “Sutilmente, se está afirmando que un periodista responsable, apegado a la verdad, puede ser llevado a la cárcel por el simple hecho de denunciar a un funcionario corrupto”, señaló Morel Molina.
La organización recordó que el artículo 49 de la Constitución Dominicana consagra el derecho a la libertad de expresión, garantizando la emisión libre de ideas, pensamientos y opiniones sin censura previa. A esto se suma la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que protege este derecho y establece límites solo para resguardar el honor y la dignidad de las personas, sin convertirlo en un escudo absoluto para los funcionarios.
“En una democracia sana, la prensa no puede ser amordazada. Este artículo, aunque pueda tener buenas intenciones, es un peligroso retroceso que amenaza con silenciar la voz que fiscaliza el poder”, advirtió la UNTC.
El gremio llamó a legisladores, juristas y sociedad civil a abrir un debate nacional para modificar o eliminar esta disposición antes de su entrada en vigor, a fin de garantizar que el nuevo Código Procesal Penal no se convierta en un instrumento de censura contra el periodismo y la libertad de expresión en la República Dominicana.